El Real Decreto-ley 39/2026 elimina la excepción de los contratos de cuatro semanas o menos. Desde el 19 de noviembre, incluso la sustitución más urgente exige entregar por escrito toda la información laboral antes de empezar.
Son las seis de la tarde. Una trabajadora llama para avisar de que al día siguiente no podrá ir a trabajar. Su turno, en la planta de un hospital, empieza a primera hora de la mañana. Ese servicio no se puede aplazar, y la empresa tiene que encontrar a alguien que la sustituya en pocas horas.
Hasta hace poco, el reto era encontrar a esa persona. Ahora, además, hay que entregarle por escrito toda la información sobre sus condiciones de trabajo antes de que empiece: diecisiete apartados, los mismos que en un contrato indefinido.
El Real Decreto-ley 39/2026, publicado en el BOE el 18 de noviembre de 2026, introduce numerosas novedades en materia laboral, entre otras en las horas complementarias, los periodos de prueba, la transparencia retributiva y el régimen sancionador. Pero hay una que tiene un impacto especial en el día a día del sector de la limpieza: la supresión de la excepción de la que disfrutaban los contratos de cuatro semanas o menos, que quedaban fuera del régimen de información previa aprobado en septiembre con el Real Decreto 723/2026. Desde el 19 de noviembre, la obligación se aplica sea cual sea la duración del contrato. E incumplirla pasa de ser una infracción leve a ser grave, con sanciones de hasta 7.500 euros.
Antes del primer día, sea cual sea la duración
Europa permite entregar la información básica hasta el séptimo día natural. España la exige antes de empezar a trabajar, también en una suplencia de un día.
Cuando lo imprevisto es la norma
En la limpieza, la escena del principio no es una excepción. Cada día, más de uno de cada ocho trabajadores del sector, un 12,8 %, no acude al trabajo. En hospitales, escuelas o equipamientos públicos, cubrir estas ausencias de un día para otro forma parte del trabajo diario de cualquier empresa.
La nueva norma no hace ninguna distinción para estas situaciones. Exige la misma documentación previa para un contrato planificado con semanas de antelación que para una suplencia resuelta durante la noche. Y el impacto no es el mismo para todas las empresas. Una gran compañía con un departamento de recursos humanos puede integrarlo en sus procesos. En una pyme en la que una o dos personas llevan toda la gestión laboral, cada sustitución urgente se convierte también en un trámite urgente.
Más de lo que pide Europa
La obligación procede de la Directiva (UE) 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles. Las directivas europeas no se aplican directamente: fijan unos objetivos y unos mínimos que cada Estado tiene que incorporar a su ordenamiento mediante normas propias, lo que se denomina transposición. España lo ha hecho en dos pasos: primero con el Real Decreto 723/2026, en septiembre, y después con el Real Decreto-ley 39/2026, que la completa.
La norma europea, sin embargo, es bastante más flexible que su aplicación en España. Permite entregar la información básica entre el primer día de trabajo y el séptimo día natural, y el resto en el plazo de un mes. También permite excluir las relaciones de muy corta duración, con una media de tres horas semanales o menos en cuatro semanas, un supuesto en el que podría encajar una suplencia de un día.
España ha elegido la fórmula más exigente en ambos casos. Es lo que en Bruselas se denomina gold-plating: ir más allá de lo que exige una directiva al transponerla. Y ocurre justo cuando la Comisión Europea se ha marcado el objetivo de reducir un 25 % las cargas administrativas de las empresas, y un 35 % las de las pymes.
Hay, además, una contradicción que conviene señalar. Las directivas se abren con unos considerandos: apartados previos al articulado que explican sus objetivos y su contexto. No son obligaciones jurídicas por sí mismos, pero orientan cómo debe interpretarse y aplicarse la norma. El considerando 48 de esta directiva lo expresa así:
«(48) Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben evitar establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de microempresas y de pequeñas y medianas empresas. Se invita, por tanto, a los Estados miembros a que evalúen las repercusiones de su acto de transposición en las pequeñas y medianas empresas, con el fin de asegurarse de que estas no se vean afectadas de manera desproporcionada, prestando especial atención a las microempresas y a la carga administrativa, y a que publiquen los resultados de estas evaluaciones.»
Es precisamente esta proporcionalidad la que cuestionamos. ¿Se ha valorado lo suficiente lo que implica exigir toda esta información antes de empezar a trabajar en sectores en los que una sustitución tiene que resolverse en cuestión de horas?
Las consecuencias para las empresas
Nadie cuestiona que quien empieza a trabajar tiene que saber en qué condiciones lo hace, y menos aún quien tiene un contrato de un día. Pero la norma trata igual un contrato planificado con semanas de antelación y una sustitución que tiene que resolverse en pocas horas para que un hospital o una escuela funcionen al día siguiente.
Desde el 19 de noviembre, cada sustitución, por breve y urgente que sea, tiene que ir precedida de la entrega por escrito de la información completa. Para los contratos nuevos no hay ningún periodo de adaptación: las empresas tienen que ajustar sus procesos desde el primer día. Y un incumplimiento ya no se considera una infracción leve, sino grave.
El resultado es más carga administrativa en el momento de más presión, más exposición a sanciones y más dificultades para garantizar la cobertura de los servicios, especialmente para las pymes. Cada día, en algún centro de Cataluña, alguien empieza una suplencia de un día. Antes de entrar, tiene que haber recibido diecisiete apartados de información, tanto si el aviso de la ausencia ha llegado la tarde anterior como si ha llegado de madrugada.
Una dinámica que se acelera
No es un hecho aislado. En septiembre, el Real Decreto 723/2026 amplió de diez a diecisiete los apartados de información y adelantó su entrega a antes del inicio de la relación laboral. Ahora, la misma obligación se extiende a todos los contratos, sea cual sea su duración. Cada norma añade una capa nueva, y el efecto acumulado recae sobre las mismas empresas.
Desde ASCEN seguiremos acompañando a las empresas asociadas para que puedan aplicar la norma desde el primer día.
En septiembre advertíamos de que seguíamos añadiendo capas. Dos meses después, hemos añadido otra. El diálogo social debe servir precisamente para detectar estos efectos antes de que una norma entre en vigor, y encontrar el equilibrio entre la protección de las personas trabajadoras y la realidad de los servicios.
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